La normativa forma parte de un imperialismo de bases militares, que inició a finales de la segunda Guerra Mundial.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dispuso la entrega de las islas Galápagos para la construcción de una base militar de Estados Unidos (EE.UU.), en razón de la aprobación del «Proyecto de seguridad integral en la región insular» y el «Instructivo para la aplicación de los acuerdos de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos» el pasado 10 de diciembre.

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Con esta decisión, dispuesta también por el Consejo de Gobierno de la provincia de Galápagos, entran en vigor los tratados de cooperación militar de Estados Unidos con Ecuador firmados por Noboa el 15 de febrero de 2024. 

Mediante el decreto firmado en febrero de este año, Quito ratificó el Acuerdo con Washington relativo al Estatuto de las fuerzas, firmado el 6 de octubre de 2023, durante el Gobierno de Guillermo Lasso, en el que se otorgaba al personal militar y civil del Departamento de Defensa privilegios, exenciones, e inmunidad, equivalentes a lo recibido por el personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas bajo la Convención de Viena, lo anterior constituye el establecimiento de una base militar.

En este sentido, buques, personal militar, armamento, equipamiento y submarinos podrán instalarse en las Islas Galápagos, archipiélago declarado Patrimonio Natural de la Humanidad, por la Unesco, en 1978.

De acuerdo con el documento, el objetivo de la instalación militar estadounidense en el archipiélago es «operativizar el proyecto con el fin de hacer frente a los retos de seguridad compartidos en la provincial de Galápagos, a 600 millas (965 kilómetros) de la costa continental ecuatoriana».

Asimismo, propone «combatir el narcotráfico, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas marítimas en esta región del Ecuador», así como «evitar conflictos violentos y otros delitos conexos entre los grupos narcoterroristas que se disputan las rutas para la exportación de estupefacientes».

Patrimonio de la Humanidad bajo las garras imperialistas

En una entrevista concedida a teleSUR, la socióloga Natalia Sierra explicó que la decisión del Gobierno de Noboa al entregar estas islas va en contra de lo que el pueblo ecuatoriano decidió en la consulta de aprobación de la Constitución en el 2008 acerca de la prohibición de bases militares en el país.

«Es una herida a la soberanía del país, pero también a un bien de la humanidad, porque las Islas Galápagos son Patrimonio de la Humanidad. Es absolutamente ilegítimo», afirmó Sierra.

En opinión de representantes de organizaciones sociales y ambientalistas sobre Galápagos, la norma viola flagrantemente la resolución 258 de la Constitución ecuatoriana, que establece que es de estricto cumplimiento la no realización de actividades que puedan poner en riesgo el frágil ecosistema de Galápagos.

El ex vicecanciller Fernando Yépez dijo al respecto: «La Asamblea Nacional debe solicitar información y fiscalizar los acuerdos de cooperación en seguridad suscritos con EE. UU. y sus protocolos de ejecución, que responden a los intereses estratégicos de ese país y reflejan la vergonzosa sumisión de nuestra política exterior. ¡Despierta Ecuador!»

Algunos expertos aseguran que este suceso forma parte de un imperialismo de bases militares, que inició a finales de la segunda Guerra Mundial como una estrategia de los Estados Unidos para imponerse en la región latinoamericana, un territorio clave en recursos naturales. 

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